EL RAPOSO EN EL CORRAL
Que estamos inmersos con
una política ineficaz dentro de la locura de los recortes es más que evidente.
Por otra parte basta ver la cantidad de ciudadanos que ayer tomaron las calles
de este país de forma pacífica pero manifestando su opinión de manera
inequívoca y tajante, para darse cuenta de que el descontento va adquiriendo
unos niveles que ya veremos a dónde nos lleva esto si las cosas no cambian como
parece que no van a cambiar por lo menos de inmediato.
Los máximos responsables
políticos siguen instalados en aquello de que el fin justifica los medios. Un
fin que no sabemos –algunos creemos que no- si se conseguirá ni cuándo. Reducir
el déficit a costa de lo que sea pero siempre dando los palos en la misma
estera ese parece ser el objetivo inamovible. Déficit uno entiende es la
diferencia entre lo que se gasta y lo que se ingresa y con solo ahorrar no se
garantiza el éxito ni muchísimo menos.
Entre tanto, hace unos
días al PP y al PSOE, como si se les hubiese encendido la bombilla de repente,
deciden que es urgente tomar cartas en el asunto de los desahucios. Claro a los
dos minutos de sentarse a negociar, uno no sabe muy bien qué pero debía ser
algo referente a los desahucios, Gobierno y PSOE ya se culpaban unos a otros
por la falta de acuerdo en las reformas antidesahucios. Que no cambian, que no.
Pues bien el gobierno, sin llegar a un acuerdo con
el PSOE después de tres días de conversaciones, ayer, vía decreto ley, puso en
funcionamiento su plan urgente para detener la sangría de los desahucios. Sangría
ilógica y de un calado social tal, suicidios incluidos, que clama al cielo.
Clama al cielo por ser completamente absurdo que en el real decreto se plantee
la moratoria sólo para una parte pequeña de los
grupos de hipotecados. "Es como poner a los pobres a competir entre
ellos a ver quién es más desgraciado" leía no sé donde esta mañana. En la
sacrosanta constitución que tanto invocan cuando quieren hay un artículo 47 que
debe decir algo sobre derechos del ciudadano a una vivienda. Pues bien, en el
real decreto, se plantea 19.200 euros de ingresos anuales de máximo para poder
acceder a la moratoria en el pago de la hipoteca amén de otras
condiciones que reducen el efecto solución del decreto a la mínima expresión.
Ahora resulta que el problema es "urgente" tras una legislatura sin respuestas del PP y PSOE que rechazaron sistemáticamente todas las
iniciativas propuestas para hacer frente al problema de los desahucios. Tanto
PP como PSOE rechazaron todas las
iniciativas presentadas al respecto en la legislatura pasada por grupos
minoritarios (IU-ICV, ERC y BNG) y, mira por donde, ahora les entra las prisas
y se reúnen ellos solos sin contar con nadie de quienes sin duda ninguna
tendrán algo que decir en este tema,
sean partidos políticos u organizaciones sociales, para no llegar a un acuerdo
y usando el decreto ley no hacer ni aproximarse a la solución del problema.
Esta forma de actuar no es lo que entendemos como democracia.
Si los desahucios se han convertido en una especie
de emergencia nacional, nos alegramos por ser un logro de la sociedad civil,
que ha conseguido movilizar a los medios de comunicación y a los partidos políticos,
aunque tristemente para ello haya habido que llegar a la pérdida literal de varias
vidas humanas.
Mientras la
banca se queja de tener que asumir “sola” el coste de las medidas antidesahucio,
Bruselas dice
que Rajoy debe consultarle antes de cambiar la ley. Mentiras y una
vez más la libertad de este país mancillada.
Parece
más bien evidente que aquí, antes, ahora y es previsible, a la vista del
contenido del real decreto, que en el futuro inmediato, Bruselas y la banca limitan a su antojo la reforma de la
ley de los desahucios.
El
Gobierno apuesta por limitar las ventajas de la moratoria a los casos de muy
extrema necesidad, es decir, familias con ingresos muy bajos, cuando este
problema fundamentalmente existe por las erróneas tasaciones hechas años atrás
por la banca. Existe por su postura a la hora de prestar dinero aún sabiendo
que en muchos casos estaban concediendo créditos sabedores de que quienes los
suscribían no los podrían pagar pero que a ellos de una manera u otra les
reportaría suculentos beneficios. Este entendemos es un argumento en muchísimas
ocasiones muy difícil de rebatir.
La
actitud del PP y el PSOE es del todo oportunista, y lo de los bancos es un
cachondeo. Realmente con sus políticas, su gestión de las últimas décadas, nos
han avocado a una situación que tiene difícil salida mientras que no
se cambie el marco político y económico. Mientras no se cambie la ley
hipotecaria la solución del problema no será tal y a lo sumo lo que se hará será
parchear. En ese nuevo terreno de juego, que seguramente tarde o temprano se va
a generar, PP y PSOE tienen difícil encaje y mucho menos ellos solos.
Mientras
tanto, como decimos, los bancos ahora ya preparan el terreno con el nosotros solos no. ¿Pero no son ellos los
principales responsables del desaguisado? Son insaciables, de verdad. Al final pagaremos los de siempre. De
momento son los mismos bancos para los cuales extrema necesidad, motivo suficiente
para detener el desahucio durante un tiempo,
es que el 90% de la familia esté en estado terminal y el resto en el
paro. La inmensa mayoría de los 400.000 desahuciados son
gente humilde. Gente que ha sido engañada y estafada en beneficio de los
especuladores financieros y con la responsabilidad directa de PP y PSOE. Por
eso, ellos no pueden ni quieren darle una solución. Ambos claudicaron y siguen arrodillándose
ante los mercados.
Si se
quiere solucionar el problema es imprescindible cambiar la ley hipotecaria. Es
imprescindible admitir en la mayoría de los casos la dación en pago. Y sobre
todo es imprescindible que el raposo no sea quien esté como único guardián del
corral y que la llaves de la salida las tengan otros para abrirlo o dejarlo
cerrado sine die, según les parezca.
José
Luis Ochoa
Artículo 47- Todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del
suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La
comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los
entes públicos.
