REFORMA Y
DEMOCRACIA MUNICIPAL
Tal
vez la peor de las actitudes de la persona humana es la indiferencia y el asumir que no se puede hacer nada para que las cosas
cambien. Igualmente pensar que las cosas ya se arreglaran sin falta de que
actuemos, simplemente dejando pasar el tiempo, es extremadamente peligroso. Sin
embargo en este momento en que vivimos es posible que lo que más está
deteriorando el camino por el que ha de transitar nuestro avance, el progreso y
la mejoría evolutiva de la sociedad sea dejar que nos engañen por no analizar
mínimamente aquello que nos dicen dándolo por bueno a las primeras de cambio.
Evidentemente
nos encontramos en una sociedad que día tras día nos está embadurnando y
ahogando en el lodazal de la mentira, de las trampas, del fraude, y del
obscurantismo en el que habitualmente está sumido el quehacer de la política
democrática. Nos están metiendo en este lodazal y, como quien no quiere la cosa,
este fango nos está llegando a la altura de nuestras fosas nasales y nos está
impidiendo ya prácticamente respirar esperanza.
Mientras
tanto, entre los turbios asuntos de los Bárcenas, los Urdangarin, las CAN, descafeinados
y obscuros debates de la nación, etc. etc. nos están colando unos cambios de
legislación municipal que, disfrazados con argumentos falaces de efectividad,
nos van a llevar a la anulación de la democracia municipal. Nos referimos a la
reforma de la Administración Local. Concretamente al anteproyecto de Ley para
la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que ha elaborado
el Gobierno Central (también aquí en esta Navarra nuestra están intentando
hacer algunos pinitos en este sentido). Pues bien, a parte de las posibles
invasiones del régimen competencial que esta tierra nuestra tiene en esta
materia de Administración Local, nos parece que esto es sencillamente un atraco
a la democracia municipal y que nos lo quieren vender como la panacea para el
buen funcionamiento de nuestros ayuntamientos.
Aquí
lo que hace falta es una democracia que se pueda tocar más. Una democracia que
se palpe en el día a día y eso ha de verse fundamentalmente en aquello que tenemos más
cerca, en la administración que más directamente influye en nuestro quehacer
diario por tenerla más próxima y esta, hoy por hoy, es la administración
municipal. Decir ahora mismo que con la nueva ley de administración local, suponiendo
que sea cierto, que 55.000 concejales de todo el Estado, más o menos el 82% de
los existentes, no podrán cobrar por ejercer es vender humo. Esto no hace que
los ayuntamientos sean más democráticos. Yo no sé si dentro de esos 55.000
estamos metidos todos esos concejales que no cobramos ni un euro o que si en un
momento determinado cobramos alguna dieta no es suficiente ni para los gastos
de gasolina. No digamos nada del tiempo que toda esa multitud de concejales, fundamentalmente
rurales, invierten, en trabajar por mejorar las cosas de sus municipios. Uno
entiende que ahora mismo en la mayoría de los casos el ser, estar y hacer en la
vida municipal es cuestión de vocación y así se asume. Nos parece de entrada que
ese proyecto de nueva ley de administración municipal es centralista y pretende
recortar la autonomía local. Nos parece que es un caminar en contra de lo
necesario.
Que
hay que racionalizar los servicios en muchos casos es evidente. Que hay que
intentar evitar la duplicidad de los servicios pues también. Pero mucho nos
tememos que detrás de esa racionalización de los servicios para ahorrar se
esconde un claro intento de privatizar los servicios. En general el problema no
está en lo que cobran los miles de alcaldes y concejales de nuestros pueblos
que, salvo excepciones, no cubren ni sus gastos. Más bien el problema estará en
todos esos diputados de autonomías, parlamentos y mini parlamentos que en más
de una ocasión no hacen ni calentar el culo de las sillas que en los hemiciclos
tienen asignadas, sencillamente porque ni aparecen en las sesiones y cobran unos más que suculentos
sueldos, dietas y demás. Eso suponiendo que no estén pringaos con el barro de
la corrupción.
Por
supuesto que hay que mejorar la Administración local pero hay que hacerlo en la
línea de limitar el poder de los alcaldes para dárselo al pleno de los
ayuntamientos y por tanto sin quitárselo al conjunto de quienes han sido
elegidos por los ciudadanos. Hay que hacerlo cambiando la legislación electoral
de modo y manera que sea imposible que un solo grupo, agrupación electoral ó
partido político pueda gestionar un municipio sin una mayoría de votos
electorales a golpe de resoluciones de alcaldía muchas veces cobijados en el
obscurantismo más descarado. Hay que hacerlo en la dirección de impedir que
quien presentado a unas elecciones y habiendo sido elegido dejando de acudir a
los plenos sin justificación alguna
pueda seguir ejerciendo como concejal. Hay que hacerlo en el sentido de
impedir que un ayuntamiento pueda tener asesores de todo tipo, al margen del número
de habitantes del municipio, realizando en muchos casos -cuando realizan- funciones
que puede realizarlas perfectamente el funcionario/a ó el secretario/a de turno
que para eso están perfectamente preparados y en caso de duda tiene organismos
establecidos a nivel autonómico donde recurrir sin que le cueste un euro de más
al ciudadano contribuyente. Hay que hacerlo en la dirección de obligar a
cuantos rigen nuestros ayuntamientos a una transparencia total basada en la
información constante a los ciudadanos.
Si
miramos a Europa efectivamente vemos que muchos de los países con estados de
bienestar desarrollados han llevado a cabo procesos de fusión hace bastante
tiempo para poder prestar servicios de una forma más eficiente consiguiendo en
muchos casos que los ciudadanos de municipios pequeños tengan acceso a más
servicios. Pero esto deberá hacerse en el plano de aunar esfuerzos para mejorar
servicios y de paso hacer una gestión menos corrupta debilitando el caciquismo
local y sin menoscabar la democracia municipal y participativa.
Por
tanto sí a la formación ordenada de entes intermunicipales de gestión no sobredimensionados
con el objetivo de conseguir más eficacia. Sí a las agrupaciones de servicios
administrativos de municipios que garanticen entre otras cosas un control
financiero. Pero bajo ningún concepto disminución de la democracia municipal.
No sería bueno el mantenimiento de las dinámicas actuales de funcionamiento
municipal donde con frecuencia se ningunea a una gran parte de los componentes
de los ayuntamientos que han sido democráticamente elegidos por la ciudadanía.
Reformas
sí, pero con la finalidad de ensanchar la democracia municipal.
José
Luis Ochoa