¿TRANSPARENCIA?
Esto últimamente parece que va de segundas. Si, digo segundas pues sumergidos en la noticia del fichaje, desmentido, justificado, silenciado en campaña, etc. del marido de la Cospedal en Red Eléctrica española, parece como si nos hubiesen hecho una aguadilla con más fuerza hundiéndonos un poco más en la piscina del desaliento, de la incomprensión, de la duda y justo cuando salimos a la superficie nos desayunamos con que el marido de la Santamaría es contratado por Telefónica. Claro la Cospe es la segunda de a bordo del PP, partido que -por si alguien todavía no se ha enterado- está gobernando o mandando en este país y la Santamaría es la segunda de abordo del gobierno de la nación, o lo que es lo mismo su vicepresidenta primera y omnipresente.
Pues bien, como si esto estuviese diseñado milimétricamente de antemano para que saliésemos de nuestro aturdimiento y no decidiésemos definitivamente irnos al fondo sin ninguna intención de aparecer por esta superficie terrenal corrompida donde las haya, nos martillean con que Rajoy –este en teoría es el jefe de las dos susodichas- publicará todos los contratos, subvenciones y sueldos públicos con la llamada ley de transparencia. Nos dicen que la ley de transparencia, cuyo anteproyecto aprobó ayer el consejo de ministros, abrirá el derecho a esa información, como en EEUU y una web –esto debe ser una página de internete- dará datos del uso del dinero público. ¿Y a mí que me suena que esta era una de las demandas de los indignados del 15M cuando pedían mayor transparencia en la gestión pública? Por cierto que estos del 15M, dicho sea de paso, a estas alturas deben estar ya no solo indignados sino que también rabiosos o lo que es lo mismo, cabreados como una mona. ¿No será que esto de la transparencia va también de segundas, es decir, de coña?
Sea como fuere, previa manifestación de que para el que suscribe los términos de derechas e izquierdas en este país hace tiempo que dejo de significar nada definitorio en cuanto a su contenido, aún reconociendo las complejas circunstancias por las que atraviesa la socialdemocracia al igual que el conjunto de la izquierda en estos tiempos de crisis e incertidumbre, tendría bemoles que fuese la llamada derecha la que pusiese en marcha una buena ley de transparencia tal necesaria en todos los estamentos públicos –entiéndase para todas las personas que de una u otra manera tocan aunque solamente sea un euro de los ciudadanos-, mientras la llamada izquierda no lo ha hecho cuando ha estado gobernando.
Se entenderá pues nuestras dudas. De cualquier modo esta ley, insistimos todavía como anteproyecto, creemos es tremendamente necesaria aunque desde nuestro punto de vista llegue tarde. Pero, bueno, recurriremos al refranero –a veces ocultador de las desdichas de la ciudadanía- y diremos que “más vale tarde que nunca”. E incluso según sea su contenido aquello de que “menos da una piedra”.
De momento en cuanto a su contenido nos parece que ya estamos de nuevo con “la burra a brincos”. Simplemente apuntar dos cosas. Se ha planteado la posibilidad de aportaciones por parte de los ciudadanos al contenido futuro de la ley a través de internet y uno se pregunta y ¿los ciudadanos que por un motivo u otro no tienen acceso a este medio? ¿Y a la casa Real de entrada porque no se le va aplicar esa futura ley? ¿Qué no se puede? Pues no, sencillamente no se quiere. De la misma manera que no se quiere revelar a la ciudadanía cuál es la escandalosa diferencia entre el bajo tipo de interés con el que se les ha beneficiado a los bancos y el más alto interés que sufren los Estados y por tanto los contribuyentes, para cubrir su deuda soberana.
En cualquier caso nos quedamos con la esperanza de que la ley de transparencia parece modificará la norma de régimen local. Y es que, desde nuestro punto de vista, es algo urgente y tremendamente necesario. En mi corta experiencia como concejal de ayuntamiento es algo que difícilmente he entendido que siempre que se solicita cualquier información sobre dietas de los concejales, rentas de los comunales, etc. siempre te recuerden lo dispuesto en el artículo 16 del decreto 2568/1986 de 26 de noviembre como si la ciudadanía no tuviese derecho a conocer todo ese tipo de cosas. Entendemos pues que hay mucho que modificar de las normas de régimen local.
Que la administración española es una de las más opacas de los países avanzados es de dominio público. Solo la ruptura total de la opacidad evitará chanchullos como Palma Arena, Gürtel, ERES y todos los otros que no aparecen en la prensa pero que afectan igualmente a los ciudadanos con nombres y apellidos. Es necesaria pues una buena ley de transparencia como tienen casi todos los países de nuestro entorno. Es necesario acabar con esa larga tradición de secretismo sobre cómo se gasta el dinero público.
De momento nos quedamos con una mezcla de esperanza y dudas de que este tema de la ley de transparencia no vaya de segundas, es decir, de coña.
José Luis Ochoa
